En esta Comisión se trata cada procedimiento arbitral de forma individualizada. Cada caso tiene su complejidad y ritmo, por lo que resulta difícil establecer una duración estándar. Los árbitros cuentan con 6 meses para dictar laudo desde la contestación a la demanda. Como media, los arbitrajes suelen durar unos 7-8 meses.
Mediante la función de resolución de conflictos prevista en el artículo 12 de la Ley 3/2013, la CNMC desempeña una función pública que le permite resolver sobre determinadas materias expresamente previstas en la normativa. No es necesario que exista el consentimiento de todas las partes implicadas, sino que basta con que una de ellas inste esta función para que la CNMC, si se cumplen los requisitos necesarios, dé inicio al procedimiento. En la resolución de los conflictos, la CNMC no solo resolverá sobre aquellas cuestiones objeto de conflicto, sino también sobre aquellas otras cuestiones conexas susceptibles de afectar a la competencia o al correcto funcionamiento de determinados sectores de la actividad económica.
Por el contrario, la función de arbitraje es una función de derecho privado en la que la CNMC puede dirimir únicamente sobre aquellas controversias que le sometan voluntariamente las partes y que previamente, de haberse presentado, no hubieran podido ser resueltas a través de un procedimiento de conflicto.
En contraste con la jurisdicción ordinaria, la resolución de controversias mediante arbitraje implica igualdad de armas para las partes en un proceso neutral e independiente. El arbitraje se pronunciará únicamente sobre aquellas cuestiones sometidas a su decisión por las partes y decidirá tanto en equidad como en derecho. También ofrece la posibilidad a las partes de adaptar el arbitraje en términos de plazos y trámites al caso concreto y se garantiza la confidencialidad con respecto a la propia existencia del arbitraje, las divulgaciones realizadas durante el procedimiento arbitral y el laudo.
Por lo tanto, respecto de la jurisdicción ordinaria, el arbitraje es más dinámico, rápido, flexible y económico.
No es imprescindible. Lo habitual es que la voluntad de las partes de someterse a arbitraje conste en un convenio arbitral previamente suscrito. Pero también cabe la posibilidad de que las partes de la controversia acepten someterse al arbitraje, incluso después que una de ellas lo haya solicitado.
La función de arbitraje atribuida a esta Comisión no tiene carácter público.
A diferencia de otros arbitrajes, los procedimientos arbitrales que se tramiten por la CNMC no conllevan para las partes costes por derechos de admisión y administración del arbitraje. Del mismo modo, la emisión de laudos arbitrales por parte del Consejo de la CNMC, tampoco conlleva coste alguno en concepto de honorarios de los árbitros.
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Con el fin de revisar los actos que dicte esta Comisión en el ámbito de las funciones de gestión tributaria que le han sido asignadas, se puede instar o solicitar el inicio de diferentes procedimientos de naturaleza tributaria.
Mediante este trámite se emplaza a la CNMC a que desempeñe sus funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equidad, encomendadas por las leyes o sometidas voluntariamente por operadores económicos. Este trámite no debe ser utilizado por consumidores que deseen formular reclamaciones.
