El artículo 14 de la Ley 39/2015 establece el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo a un conjunto amplio de sujetos.
El artículo 14 de la Ley 39/2015 establece el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo a un conjunto amplio de sujetos.
Ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos respecto de sus datos personales tratados por la CNMC.
El artículo 14 de la Ley 39/2015 establece el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo a un conjunto amplio de sujetos.
Sí. Es importante aportar cuantos documentos, pruebas y demás información que permita acreditar la existencia de daños, lesiones o efectos lesivos, su relación de causalidad con el hecho o acto de esta Comisión y que permita evaluar económicamente la responsabilidad patrimonial. En caso de que la solicitud no reúna alguno de los requisitos que establece el artículo 66 y 67 de la Ley 39/2015, será requerido el solicitante para que subsane o mejore su solicitud en un plazo de 10 días y, en su defecto, se le tendrá por desistido al solicitante.
En caso de que la reclamación sea por daños físicos o psíquicos, el plazo comienza a computarse desde la curación o determinación del alcance de las secuelas; y en caso de que la reclamación esté motivada por una anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o norma dictada por esta Comisión, el plazo prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o sentencia definitiva anulatoria.
La revisión en vía administrativa de los actos dictados por la CNMC no conlleva ningún coste para los interesados.
La suspensión automática es una excepcionalidad al principio general de la ejecutividad de los actos administrativos y únicamente se produce en los siguientes supuestos:
La revisión en vía administrativa de los actos tributarios dictados por la CNMC no conlleva ningún coste para los interesados.
Los laudos arbitrales no son públicos.
