La obligación para los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo de reservar para obras europeas un porcentaje de su programación o de su catálogo, se encuentra regulada en el capítulo III del título VI de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de la Comunicación Audiovisual por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2010/13/UE.
El artículo 14 de la Ley 39/2015 establece el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo a un conjunto amplio de sujetos.
Este procedimiento permite presentar conflictos, consultas, y otros tipos de solicitudes o responder a requerimientos de información, sobre los ámbitos de protección del menor, publicidad, accesibilidad, financiación obra europea, cuota obra europea y misión de servicio público. Para declaración de financiación obligatoria de obra europea utilizar los procedimientos específicos.
Este servicio permite formular una queja o denuncia a la Subdirección de Audiovisual, enmarcada dentro de la Dirección de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual de la CNMC, autoridad de regulación audiovisual de España, sobre un incumplimiento de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de la Comunicación Audiovisual detectado en cualquier programa o comunicación comercial de ámbito nacional, ya sea emitido en un servicio de comunicación audiovisual lineal (tanto en abierto como codificado), o no lineal (en abierto o codificado), con independencia del medio de transmisión utilizado, ya sea ondas hertzianas terrestres, satélite, cable o Internet (IPTV, televisión online, aplicaciones móviles, Smart-TV, etc.).
La inversión obligatoria para la financiación anticipada de la producción europea de películas cinematográficas, películas y series para televisión, documentales y películas y series de animación, se encuentra regulada en el capítulo III del título VI de la Ley 13/2022, de 7de julio, General de la Comunicación Audiovisual por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2010/13/UE.
